Alta Consejería de El Bogotazo

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El secuestro de civiles por parte de las guerrillas FARC y ELN es evidentemente un problema grave que enfrentamos en Colombia. El gobierno de Uribe ha justificado su mano dura y su cercanía a los paramilitares concentrando casi toda su gestión en el enfrentamiento de este problema. Ha sido un problema manejado de una manera más o menos efectiva porque, si bien es cierto que vivimos un período en el que se logró el repliegue de las fuerzas insurgentes y la disminución de su capacidad de fuego, de movilidad y de secuestro, así como su número de combatientes, también es cierto que se han invertido muchas vidas de colombianos, en su mayoría pobres, y un porcentaje bastante exagerado del PIB para lograrlo.

 

 

Tendría que decirse que tampoco es la primera vez en la historia colombiana que a las guerrillas se les empuja para atrás. Además éste no es el único problema del país. Mientras tanto por ejemplo, entre otros asuntos, la salud no funciona y se cae, no por las FARC sino porque empresarios sin escrúpulos en llave con políticos, (entre esos Uribe), hicieron de la salud de la nación un cruel negocio.

 

Además el secuestro continúa, las desapariciones forzadas continúan, la economía se apaga, la desigualdad crece con rapidez y la desesperanza es la que sostiene y justifica medidas autoritarias y antidemocráticas que, como la mal llamada “emergencia social”, aceptamos chantajeados por la imposición de esa falsa disyuntiva que nos obliga a escoger entre Uribe o FARC.

 

Por esa coacción es que continúa la guerra y por eso cada día nos adaptamos a un estilo de vida más ciego, más injusto, más cruel y más absurdo, ya que seguimos viviendo una guerra que tiene como fin administrar negocios multimillonarios. Una guerra de intereses privados que se lucran con nuestra muerte y nuestra inestabilidad social.

 

¿Quiénes se lucran con esta guerra? Entiendo que Luis Carlos Sarmiento Angulo vote por Uribe. Entiendo que vote por Uribe la pequeña élite privilegiada por nuestro sistema socioeconómico. Pero, que el colombiano promedio vote por Uribe es lo que me parece verdaderamente intrigante y sólo se puede explicar por el manejo exclusivamente mediático de la política y por el poco tiempo que tenemos los colombianos de a pie para estudiar y entender una guerra con raíces en un pasado y una historia difíciles de recordar.

 

El manejo de los medios es muy importante y la censura es visible tanto aquí como en Venezuela. El Decreto 3672 de 2009 prohíbe a los medios de comunicación transmitir información sobre “orden público”, como se le dice a la guerra en Colombia, si ésta no está previamente confirmada por fuente oficial. La política colombiana está basada en la administración de la verdad y la realidad. Este, definitivamente, no es un gobierno que represente al colombiano promedio ni sus intereses. Es importante darnos cuenta que el gobierno de Uribe no es para los pobres; algunas políticas asistencialistas, en medio de una estructura crecientemente desigual no sirven de nada. Si no somos Luis Carlos Sarmiento o si creemos en la reconciliación como única garantía de paz y armonía ¿por qué votaríamos por Uribe?

 

Esta es una guerra estúpida, de tácticas y no de estrategias. La inteligencia militar colombiana no sabe que la mejor estrategia de un guerrero es evitar las batallas y el mayor logro, ganar sin disparar una bala. Estamos en una lógica marcial del odio y la ira, una lógica de tácticas cortoplacistas creadas por la contingencia, por las urgencias.

 

Vivimos una guerra de batallas ganadas por lado y lado a mansalva pero en la que ninguno gana realmente. Hay un acostumbramiento de la sociedad alrededor de esto. Los poderosos se enamoraron de sus cañones y del poder que tienen esos cañones en nuestro precario medio cultural. Por ejemplo el poder que ejerce con las mujeres. Es escandaloso pero cierto, las mujeres en Colombia como en la mayoría del mundo occidental, son repartidas de acuerdo al poder adquisitivo y militar. Las violaciones son pan de cada día como en Bosnia. Las víctimas de las minas antipersonales son ya un tema común en los noticieros. Antes Vietnam ahora Colombia.

 

Son como niños con poder buscando la madurez en la capacidad de dar muerte y de producir dinero. Los combatientes en todos los niveles de la jerarquía militarista se enamoraron de sus formaciones, de sus medallitas y banderitas, de su estética bélica y de sus legiones de ejércitos compuestos por ignorantes muchas veces estudiados. Los que en su primera y segunda elección  apoyaron a Uribe, están enfrentados a una pregunta: ¿Será que Uribe finalmente acabará con la guerrilla de las FARC? ¿No fue esa su promesa para la segunda elección? Esa es y será una deuda grande de este gobierno.

 

El Estado colombiano o su actual gobierno no tienen realmente la autoridad y la legitimidad para decirnos qué es lo necesario para nuestra sociedad por su evidente involucramiento en los vicios, asesinatos, pactos y corrupciones que componen todo ese conjunto de situaciones que llamamos violencia en Colombia. El Estado colombiano al ser tomado por el pacto de Ralito entró en un retroceso político de más de veinte años. Me gustaría mostrar una misiva de Don Berna el capo paramilitar que fue extraditado para evitar su colaboración con la justicia, la cual fue indispensable para demostrar la colaboración del ejército en la masacre de San José de Apartadó.

 

La misiva, con fecha 17 de septiembre, afirma que los paramilitares extraditados el 13 de mayo de 2008 supuestamente estaban dispuestos a contar la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz, sabiendo que “nuestras confesiones conducirían a un  replanteamiento y por qué no decirlo, a una reestructuración de casi la totalidad de las instituciones del Estado [sic], entre ellas el Congreso de la República, el DAS, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación e incluso la Presidencia misma”. Por ello, asevera, los jefes paramilitares proponían un gran pacto de paz que incluyera a las guerrillas o una asamblea constituyente. Pero, escribe “Don Berna”, en Colombia existen “muchos sectores políticos, militares y económicos de personas que aún conservan inmensos márgenes de poder e infiltración en las instituciones del país”.

 

Estos sectores, interesados “en perpetuar el conflicto armado y por ende su poder”, como expresa “Don Berna”, han logrado hasta ahora que no se conozca su participación en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra por los cuales los paramilitares pusieron la cara. “Fuimos un instrumento de esos sectores, nosotros hicimos el ‘trabajo sucio’ que ellos ordenaban, fuimos el escudo para la impunidad total de sus actos”, señala “Don Berna”. He ahí el gran secreto de por qué la guerra colombiana nunca encuentra solución.

 

Se trata de sectores empresariales que no saben acumular capital si no es mediante la violencia, como indica el instituto Indepaz en su “Informe de Paraeconomía y Narcoparamilitares en el 2008”. O también, de sectores dedicados a hacerse elegir para tener acceso a la torta presupuestal, familias y compadres que no saben incursionar en la política si no es mediante la compra de votos y la amenaza de muerte. Que, por eso, ven en la oposición, como vieron en la entonces emergente Unión Patriótica, un enemigo mortal al que había que borrar del mapa político y para ello crearon grupos paramilitares.


El capo responsable de la seguridad que logró Medellín a partir de 2004 y hasta su extradición, y que algunos llaman “Donbernabilidad Democrática”, dice que la estrategia para silenciarlo saldrá “victoriosa”, a menos que intervengan activamente ante el gobierno colombiano y ante la justicia estadounidense, además de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

 

“Don Berna” da algunas interesantes claves en su carta a la Corte Suprema:
+ “Las Autodefensas Unidas de Colombia tenían una visión política del país resultado del hecho de haber construido un verdadero Estado dentro del Estado”.


+ En sólo una hora de reunión con uno de sus hombres, cuando estaba bajo régimen de cuasi aislamiento en una cárcel colombiana, “Don Berna” logró esclarecer los hechos relacionados con la masacre de San José de Apartadó en 2005, un “acto conjunto desarrollado con el Ejército Nacional” que culminó en condenas contra los autores materiales, tanto paramilitares como militares.


+ Aunque el gobierno argumentó la extradición de “Don Berna” y los demás en la versión de que seguían “delinquiendo” desde las cárceles, incluso las de máxima seguridad, según el capo no existe en la Fiscalía ninguna prueba o proceso judicial al respecto, en su caso.


+ Después de un año y cuatro meses de la extradición masiva de capos paramilitares, no existe ningún convenio judicial entre Estados Unidos y Colombia para facilitar sus confesiones ante la justicia colombiana, como lo anunciaron en su momento el gobierno y el embajador estadounidense William Brownfield. Apenas se les permite confesar vía video satelital. Pero, los crímenes cometidos por estos señores fueron de tal magnitud, que para ello necesitan importantes ayudas de memoria, como apunta “Don Berna”: “documentar hechos con los partícipes directos, cruzar información con las víctimas, verificar si la información es correcta y corresponde a actos ejecutados bajo las directrices dadas a nuestros hombres, analizar los procesos judiciales existentes y en aquellos casos en que no hay procesos judiciales acopiar los medios de prueba necesarios u orientar a los fiscales para la obtención de las pruebas”.


+ “Don Berna” dice conocer tan bien los esquemas de seguridad que ofrece el Estado colombiano, que no los considera garantía para su familia o abogados. “Es poner al ratón a cuidar el queso”, expresa, “conozco de primera mano la posibilidad de infiltración en tal sistema”, el cual “no ostenta las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de mi familia, sería incluso colocarlos en mayor riesgo”. Se refiere a los sistemas de escolta que el gobierno dice aplicar a 10 mil personas en Colombia, entre líderes políticos, funcionarios, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas.

 

Las instituciones políticas al ser tomadas por asalto por el uribismo, se detuvieron en su proceso de  apertura política. Los elementos constitucionales que propendían hacia la reconciliación y que se habían consolidado con la constitución del 91, se borraron vía reformas, impidiendo también que el colombiano promedio tuviera alguna mejoría real en su microeconomía y en su calidad de vida. No se puede seguir mandando los hijos de los pobres a la guerra. El conflicto armado en Colombia lógicamente ha desembocado en una situación de represión que no sólo se refiere a la lucha contra las guerrillas, sino también a un derechismo a ultranza en las apreciaciones y discursos del gobierno.

 

Por ejemplo, haber gastado tiempo, energía y dinero para tumbar la dosis personal de droga no es cualquier cosa y es bastante contradictorio con los valores democráticos, con los derechos civiles y con las libertades individuales. Es una medida autoritaria, retrógrada e inútil. Sólo sirve para apoyar la persecución al diferente, lo cual es una bandera importante para atraer los sectores sociales que defienden las posiciones de mayor fanatismo moral.

 

Es una muestra de que el fascismo colombiano es igual al de Chávez pero en vez de tener reforma agraria, tenemos un pacto para-político para garantizar el atraso feudal. Estamos igual de militaristas a Venezuela pero en vez de programas de salud, tenemos un decreto llamado contradictoriamente “emergencia social”. Decreto realizado para evitar que a través de tutelas, las aseguradoras ya no tengan que estar obligadas a darle al enfermo lo que no se incluya en el POS. Colombia es hoy una gran guerra de rebusque y supervivencia.

 

Una guerra clasista y racista prolongada y administrada por las élites empresariales pero sostenida por todos nosotros, responsables de nuestras opiniones y de nuestro voto. Existe hoy una situación de rebusque violento de los sectores sociales que no tienen otra cosa para hacer que matar para comer o para ascender socialmente. La guerra política contra las FARC, la mal llamada seguridad democrática, está directamente relacionada con el aumento de la criminalidad en las ciudades principales, con el aumento de la puñalada y el atraco.

 

Es una guerra que beneficia las transnacionales que se tomaron durante el gobierno de Uribe nuestra economía. Para las corporaciones transnacionales, Colombia es un río revuelto para pescadores de riquezas, un paraíso fiscal para grandes industrias multinacionales que, independientemente de sus nexos con el paramilitarismo, sólo comparten de sus ganancias con el país unas sobras que nos tienen peleando como palomas por las migajas de pan que caen en la Plaza de Bolívar.

 

Colombia vive una guerra que no debe ser aceptada o justificada por ningún motivo. El país está enfrascado en las promesas de los caminos fáciles que como el narcotráfico, el crimen o la prostitución se establecen como la única forma de movilidad social. La cultura capitalista neoliberal está convirtiendo la nación en un pueblo donde sólo se le da valor a la moneda; un pueblo donde venden hasta la mamá, un pueblo de gomelos y gamines ignorantes, de traquetos y de prostitutas.

 

Donde lo que importa es a cuántos he matado y cuántas se derriten por el poder de una metralleta o de una billetera. El único camino es el camino largo. El camino difícil es el mejor; el fácil ha sido siempre disparar y odiar. Lo difícil pero positivo en nuestro caso, es reconciliarnos y amarnos como miembros de un mismo territorio donde nos tocó vivir. El perdón no es el olvido, por supuesto hay que reconstruir nuestra memoria política para no seguir reeligiendo lo mismo.

 

Los colombianos no podemos seguir creyendo que realmente Uribe vaya a acabar con las FARC ni que las FARC vayan a hacer una revolución en Colombia. En este momento todavía quedan 8000 combatientes de las FARC y si recordamos que el ELN cuando le daba duro al Estado eran 4000 guerrilleros, podemos hacernos una imagen de la sangre que aún falta por correr. Hagan ustedes la matemática y descifren el absurdo problema de cuánto falta de guerra para acabar con la guerra. Es un despropósito.

 

El turno debería ser para un movimiento que trabaje por la reconciliación, incluyendo los problemas de los colombianos menos pudientes y del colombiano promedio como una manera de hacer paz. Un candidato menos mediático y menos pintoresco pero más sensato y sensible con los problemas actuales del colombiano de a pie, el colombiano real. Necesitamos un presidente, no un cacique, no un rey y menos aún un virrey. Debe ser sólo un funcionario, un capataz de nuestra gran finca llamada Colombia y como capataz es a nosotros a quien nos debe rendir cuentas. El pueblo es el legislador primario, es la fuente constituyente. Colombia somos nosotros, no el gobierno. Entre iguales se hace una sociedad, no entre amos y esclavos.   ۞